IPSA Scientia, revista científica multidisciplinaria. ISSN: 2711-4406 | e-ISSN:2744-8355 Julio-Septiembre 2023,
Vol. 8, Nro. 3, pp. 10-34
Artículo de Reflexión
La baja capacidad institucional para conservar los saberes
ancestrales afro en el departamento del Cesar
The low institutional capacity to conserve afro ancestral knowledge in the
department of Cesar
OTALVAREZ-MARTINEZ, Sandra
Universidad de Manizales, Manizales, Colombia
Autor corresponsal: sdotalvarez0423@gmail.com
Recibido: 14-06-2023; Aceptado: 24-08-2023; En línea: 23-09-2023
DOI: https://doi.org/10.62580/ipsc.2023.8.12
Cómo citar este artículo:
Otalvarez-Martínez, S. (2023). La baja capacidad institucional para conservar los saberes ancestrales afro en el
departamento del Cesar. IPSA Scientia, revista científica multidisciplinaria, 8(3), 10-34.
https://doi.org/10.62580/ipsc.2023.8.12
Derechos de autor: 2023 Otalvarez-Martínez. Esta obra se encuentra bajo una Licencia Internacional Creative
Commons Reconocimiento 4.0
Resumen - El objetivo del trabajo presentado fue abordar la problematización metodológica del Estado en la
construcción de sus políticas públicas en diversidad, que traen como consecuencia, la cuestión de baja capacidad
institucional para conservar el conocimiento ancestral y tradicional de las comunidades negras y afrodescendientes
en el departamento del Cesar y la magnitud actual del problema indicadores de referencia, situación que conlleva al
condicionamiento de resultados con mediciones no ajustadas a las realidades de las condiciones de vida y
vulnerabilidad de estos grupos de valor. Se desarrolló la constatación de gestión de proyectos por la Gobernación del
Cesar con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras entre los años 2008 hasta 2022, en
comparativo con las necesidades productivas de esta población y los objetivos de los proyectos. Se reflejó que, a
pesar del sinnúmero de metas establecidas en los planes de desarrollo departamental, durante el periodo estudiado,
únicamente se desarrollaron 4 proyectos productivos, los cuales no evidencian el uso de costumbres y saberes en el
proceso, ni en la recopilación de la experiencia o sus resultados. No hay participación de las autoridades étnicas afro,
en la toma de decisiones, esto se evidencia en la nula asignación presupuestal para el funcionamiento de los espacios
de representación departamental de estas comunidades de los que trata el decreto 1640 de 2020.
Palabras clave: comunidades negras, desarrollo económico local, diversidad étnica, memoria histórica, modos de
producción propios, saberes ancestrales.
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Abstract - The objective of the work presented was to approach the methodological problematization of the
department of Cesar in Colombia, in the construction of its public policies in diversity in the ethnic and territorial
components; bringing as a consequence the visibility of the issue of low institutional capacity to preserve the
ancestral and traditional knowledge of the black, afro-colombian, raizal and palenquero communities (NARP) and
the current magnitude of the problem reference indicators. This situation leads to the conditioning of results with
measurements that are not adjusted to the realities of the living conditions and vulnerability of these value groups. In
this specific case, the management of projects by the Governor's Office in conjunction with the afro authorities
between 2008 and 2022, in comparison with the productive needs of this population, was developed. In spite of the
countless goals established in the departmental development plans, only 4 productive projects were executed, which
did not evidence the use of the empirical production methods and tools of the NARP communities, typical of their
customs, traditions and knowledge, nor in the compilation of the experience or its results, observing techniques in
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most cases not assimilated by the communities. A greater damage lies in the power game reflected in the selective
participation of the Afro authorities referred to in Decree 1640 of 2020; which, as in the case of the departmental
consultative space, there was no budget allocation and no summons to sessions for its operation within the analyzed
period.
Keywords: black communities, local economic development, ethnic diversity, historical memory, own modes of
production, ancestral knowledge.
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Introducción
Este artículo integra el campo de problematización del capítulo “Por otros mundos: Mundo
tradicional – Mundo contemporáneo, dentro del proyecto de tesis doctoral “Las identidades
culturales de las comunidades negras de Gamarra Cesar” del doctorado formación en Diversidad
de la Universidad de Manizales, cuyo objetivo general es hacer la lectura sobre las identidades
culturales desde el proceso de las comunidades negras, asentadas a la ribera del río grande de la
Magdalena, en la ubicación geográfica de Gamarra Cesar, aplicando una interpretación
hermenéutica de narraciones y bailes cantaos étnico culturales-políticos a partir del método de
investigación y aprendizaje Investigación – Acción – Participación (IAP), como aportes a la
reparación de la memoria histórica y la apropiación del conocimiento.
Bajo estas orientaciones, una de las preocupaciones ha sido la excesiva intromisión del Estado
hacia la unificación de la cultura del país y las decisiones de entidades locales al determinar el
desarrollo de proyectos que no contemplan la importancia de los saberes, tradiciones y
realidades de los pueblos que integran, en este caso, al departamento del Cesar.
Aunque es menester abonar que el Estado posee una esfera de su acción, que orientado de la
mejor manera, desde su autonomía abre los campos para no solo comprender la rebeldía
fundante de la vida personal y colectiva de las comunidades afro del país, sino que abre un
abanico de posibilidades en su proceso de enseñanza -aprendizaje para emancipar los sujetos de
su condena y transformar su contexto en clave de Diversidad, hacia campos de investigación
ontológica y epistémica de conservación de saberes, su transformación hacia los campos del
conocimiento ancestral y tradicional de las comunidades negras y afrodescendientes en su
desenvolvimiento cotidiano en el territorio.
Sin embargo, desde el contexto local, graves problemáticas se han planteado en torno a la
desaparición de las culturas identitarias, socavadas por la intermediación del Estado que, en su
dinámica de visión de desarrollo de objetivos sostenibles, han puesto la mirada en transformar
los entornos rurales hacia pequeñas ciudadelas; sin embargo, se acrecientan las problemáticas
sociales, económicas y ambientales en razón a las diferencias existentes entre el mundo
tradicional y el mundo contemporáneo.
La clara manera de evidenciar el ausentismo investigativo sobre las necesidades en este caso de
los pueblos afro, es más visible en algunos departamentos, por la baja o nula información en
torno a la ejecución de programas y proyectos propios, donde se trabaje de manera
mancomunada para disminuir las brechas sociales de estas comunidades. En el caso de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, su necesidad de reconocimiento
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soporta las graves problemáticas consecuencia en algunos casos de la falta de titularidad sobre
las tierras donde generacionalmente se han arraigado, obligándolos a desplazarse hacia las
ciudades y cambiar su modo de vida y de producción.
Este artículo es una reflexión hacia la necesidad de reconocer las deficiencias existentes en la
formulación de proyectos o su ejecución, sin tener en cuenta la importancia en la articulación
con las comunidades, donde ellas aporten en la construcción de los objetivos, en la aplicación de
sus saberes y en la búsqueda de la transformación territorial con miras al equilibrio entre
naturaleza y ciudad. Esto repercute en la imposición de métodos y herramientas basados en
conocimiento científico y en la negación de la validez de los saberes ancestrales, que
proporcionan prácticas tradicionales más amigables con el ambiente e incluso con mayor
capacidad de optimización del recurso físico, humano y económico.
En ese orden de ideas, se ha tomado como sujeto participante y observado, a las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del departamento del Cesar, organizadas en
consejos comunitarios (cuyo fin no es otro que la lucha por los derechos étnicos territoriales), las
organizaciones de base (aquellas que promueven la reivindicación de derechos de las
comunidades desplazadas hacia los cascos urbanos), y las formas o expresiones organizativas
(surgidas a partir de la Sentencia T 576 de 2014, definidas en el decreto 1640 de 2020, que
promueven derechos territoriales, grupos de familias que se arraigan en predios que no son
baldíos, y en la mayoría de casos, afectadas por el conflicto interno armado colombiano). Hasta
el año 2022, se registraron 64 figuras organizativas de comunidades Negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras en el departamento del Cesar.
Como problemáticas que afectan los saberes ancestrales y detectan inconvenientes en la
comunicación entre Estado y comunidad, se encuentran: La baja capacidad institucional para
conservar los saberes ancestrales de las comunidades negras del departamento del Cesar y la
Magnitud actual del problema de indicadores de referencia que permitan evaluar los resultados
obtenidos en las intervenciones sociales del Estado.
Consecuencia de las problemáticas globales, de la decisión político administrativa local en la
implementación de políticas públicas apartadas de las realidades del mundo tradicional, se
originan la pérdida de la memoria histórica y el no reconocimiento de los orígenes étnicos
culturales por deslegitimación de sus saberes y cosmovisión.
Como fundamento teórico, se aborda a Zemelman (2010), desde el significado del sujeto
relacional y la necesidad de conciencia, cuya técnica alternativa es la hermenéutica
reconstructiva articulada desde el estudio de los nucleamientos colectivos de las comunidades en
la consolidación de experiencias y visiones utópicas coherentes con las filosofías tradicionales
de la vida cotidiana.
La variable de investigación se despliega hacia el análisis de la capacidad institucional de la
gobernación del Cesar en la ejecución de proyectos productivos en beneficio de las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP) a partir del año 2008 hasta el año 2022
en sentido de determinar si en ellos se logró generar acciones para la conservación de la
memoria e historicidad.
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Cabe considerar que analizar la capacidad institucional, conduce a tener en cuenta el contenido
metodológico del marco lógico en la formulación y evaluación de los proyectos; se observó que
la no inclusión de las comunidades afro en la elaboración de diagnósticos, evidencia un déficit
en el estudio de las realidades, problemáticas y alternativas de solución.
Por tanto, es coherente hablar de la baja capacidad institucional para conservar los saberes
ancestrales y la nula asignación presupuestal para la participación de las comunidades negras en
la toma de decisiones para la planeación del territorio y la consolidación de una visión utópica
acertada con las realidades del entorno donde se desenvuelven estos grupos organizativos
identificados y con impacto en los 25 municipios del departamento del Cesar. En otras palabras,
la falla del Estado en su operatividad descansa en el no reconocimiento de la autoridad ancestral
afro, otorgada por su arraigo territorial desde mucho antes que surgiera la figura administrativa
del departamento del Cesar para dirigir las acciones en el territorio.
Contexto del mundo, las estrategias de dominación, el espejo de atracción,
hacia la pérdida de memoria histórica de los colectivos afro
Varias son las situaciones que rodean y construyen tensiones en torno al reconocimiento de
derechos naturales del sujeto individual o colectivo en la dimensión social y política; así, se han
observado graves problemáticas mundiales, sus causas tienen orígenes en intereses políticos,
económicos, sociales y culturales; mientras el mundo gira y exige cambios permanentes para
resolver las necesidades globales, surgen y se mantienen movimientos sociales locales de
resistencia, consecuencia del inconformismo por el desequilibrio social, el desconocimiento del
sentido de igualdad en la distribución de recursos y las deficiencias del sistema en generar
ayudas para la sobrevivencia de las poblaciones más vulnerables, la erradicación de la pobreza
extrema y la búsqueda de soluciones a la problemática en la relación campo poblado, a cuentas
del aumento de población, el crecimiento de las ciudades y el abandono estatal del sector rural.
Estas condiciones se han reflejado y tienen sus raíces desde los inicios del mundo,
primordialmente por cuenta de las decisiones políticas y el crecimiento acelerado de la
economía, como bandera precursora del mejoramiento de condiciones de vida. Bajo esta
consideración, también se han gestado movimientos a lo largo de la historia de la humanidad, en
defensa o en contra de los modos de producción y del mercado; la globalización ha sido el
fenómeno al que mayores culpas le han subrogado. De esta manera, se habla de desigualdades
marginales, inequidad en la distribución de recursos, generación de pobreza y limitaciones en la
“distribución de beneficios de la cooperación global que caracteriza al mundo contemporáneo”
(Sen, 2001).
Sin embargo, hay diferencias entre la economía global y la economía de mercado; la segunda
posee poderosas instituciones políticas, económicas y sociales que actúan en nombre del
“progreso económico”; pero ésta no comulga con la primera, ya que en el mundo global las
relaciones se sobrecogen a condiciones diferentes, a las que dan origen al poder de las primeras.
En este aspecto, la economía de mercado depende en palabras de Sen (2001), “de las políticas de
educación, salud, reforma agraria, microcrédito, etc” (p. 45). Adicional a estas condiciones, las
decisiones políticas han instituido regímenes de poder, entre ellos el capitalismo, el cual excede
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sus límites imponiendo reglas que han afectado a la población mundial más pobre y han afectado
las condiciones locales, desencadenando conflictos que se han gestado en la lucha por el dominio
y el acceso a la tierra.
Esta especie de colonialidad, también ha desencadenado una serie de decisiones, en las cuales los
Estados, han surgido para administrar, controlar y decidir la suerte de sus ciudadanos,
consolidando a partir de las constituciones, contratos sociales con los que determinan las reglas
en cuestión de derechos sociales, políticos y económicos, con las que el gobierno pretenderá dar
solución a los problemas que padece la sociedad; desde allí se aplican distintas teorías y
discursos hegemónicos considerados valiosos para los propósitos del Estado.
Una de las contribuciones de mayor peso a la política planetaria entregada por el mundo
occidental, son los derechos humanos; como también ha sido la promotora de las “perspectivas
de diferencias ontológicas coloniales entre los seres humanos” (Maldonado, 2017); es decir,
fortaleció las relaciones de poder, a partir de la condición de establecer divisiones poblacionales
y sectoriales de legitimación y normalización de acciones empresariales coloniales; y, en nombre
de estas condiciones, se han realizado prácticas predominantes a nivel mundial como los
descubrimientos, la conquista, la colonización y la esclavitud (Maldonado, 2017).
De allí, que estas acciones generaron empatías en la construcción de discursos sobre la dignidad
humana; como resultado de las revoluciones humanistas modernas de Europa. A su vez, es clara
la diferencia de la declaración universal de los derechos humanos actual, respecto a las
anteriores, en razón que a partir de la consolidación del Estado-nación, el propósito del régimen
es “construir un gobierno basado en sus derechos y los derechos del ciudadano” (Maldonado,
2017, p. 120), abandonando el orden descrito por “la cadena del ser”, el cual pasó a ser
remplazado por una “organización laica del mundo social”, reconfigurándose en los códigos
normativos del Estado -nación, la condición entre otras, de una religión “presumiblemente
verdadera y las religiones falsas” (Maldonado, 2017).
Bajo estas circunstancias, una condición moral como es la condición humana y el respeto a ella
desde el enfoque de dignidad, ha sido bandera de distintas luchas mundiales, de análisis jurídicos
en los Estados, que cobijan a una definición más profunda que la impulsada en países donde los
derechos humanos, han sido la bandera para el montaje de un marco procedimental para su
exigencia, reivindicación y legitimación, siendo utopía configurar el estado ideal de bienestar del
ser, desde el condicionamiento del gobierno para lograr esta armonía.
En América Latina, la problemática se ha reflejado en la disputa jurídica y los debates políticos
sobre el multiculturalismo y la justicia étnico-racial, desde las definiciones de la igualdad de
derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; quienes a través del instrumento de la
consulta previa, realizan el ejercicio de defensa y derecho al territorio, la defensa de la vida, la
libertad; cuestiones que generalmente se hacen visibles, por desacuerdos en las dinámicas
extractivistas de los modos de producción de la economía de mercado.
Como es el caso de Ecuador, que en el año 2009 mantuvo disrupciones entre el gobierno del
expresidente Correa y nativos indígenas y movimientos sociales mixtos (Yasunidos), por la
vigencia de ley de minería que legitimaba la explotación de la Amazonía. Aunque también desde
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otra perspectiva, en Chile, se generaron desacuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena,
por la implementación del convenio 169 de la OIT (Rodríguez, & Baquero, 2020).
En el caso de Colombia, el modelo de desarrollo capitalista extractivo se encuentra enriquecido
de políticas eurocéntricas fundadas en la relación entre amo y esclavo, como soporte de las
políticas occidentales que ya desde la edad media determinaban la prevalencia del poder
económico por encima del ser natural; instituyéndose nuevas formas orientadoras traídas al
mundo americano y constituyéndose un amplio sistema político y jurisprudencial, para regular
entre otros, el control y dominio a la propiedad como imposición de la autoridad en divisiones
político administrativas que acontece desde el virreinato que la corona española imprimió a la
Nueva Granada, siendo la extensión de su brazo de poder y dominio en el nuevo continente
(González, 2021).
Esa herencia en el mandato, no ha desaparecido, a pesar de las luchas sociales que se han dado
por la dignidad humana; el contrato social incluido en la constitución política, también ha
suscitado inconformidades por la utopía que ella encierra cuando determina como principio el
bienestar común, sorteando una serie de requisitos y reglas para acceder a la legitimación de
derechos. Es un estado intervencionista que controla y establece su relación de poder, a partir de
las políticas públicas intervencionistas.
En este sentido, hay una preocupación latente por la intervención “social” que realiza el Estado,
cuando los colectivos perciben riesgos contrarios a los que profesan en nombre del bienestar
general. La implementación de políticas públicas, la formulación y ejecución de proyectos donde
el ser humano es “población objeto” (Valdéz, s.f.), que no contienen una evaluación de
resultados; la simple formulación de una política pública ya es intervención social que modifica
la población objeto.
El simple hecho de considerar la población como un objeto y no como sujeto, cuantifica las
exigencias de utilizar las estadísticas para demostrar las necesidades y deficiencias, como
fórmula total de abordar el problema, aislados de la cualificación del resultado, a partir de la
conversación, el consenso o el disenso con los pueblos que refleje la evaluación posterior a la
implementación de la política pública, restringiendo y contaminando sus resultados y efectos.
Diariamente se abre una brecha social, económica, ambiental y cultural superior, que incluso se
reflejan desde el lenguaje, los canales utilizados para mantener la comunicación entre el aparato
estatal representado por sus gobernantes y las comunidades. Se perpetúa un círculo vicioso que
sostiene el modelo de desarrollo capitalista extractivo que ha reinado desde el descubrimiento de
América, arrebatando y normalizando prácticas que desconocen el concepto de respeto a la
dignidad humana de los pueblos, impulsando la necesidad de transformación de lo común a lo
occidental, generando como necesario pasar de lo local a lo global, defender arraigos, libertades
e identidad, trascender esos productos del mestizaje y la hibridación cultural sin horizonte y sin
visiones colectivas, lo que sigue siendo el debate entre los intereses del conquistador y el
esclavo. Pero, el cierre de brechas sociales, está anclado a un discurso más antiguo y enraizado
en las políticas de Estado, como lo es la dignidad humana a partir de la mal interpretación de los
postulados de la filosofía de Kant.
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El modelo de desarrollo económico del Estado alienta modos de vida consumistas y de
producción acelerada desde la tecnología y la extracción de los recursos naturales, explotación de
los pueblos, las comunidades; no obstante, especialmente en el área rural, se mantienen prácticas
y técnicas tradicionales – ancestrales: con ellas creencias, cosmovisiones en riesgo, y se
transfieren saberes desde el lenguaje oral y simbólico, se utilizan herramientas rudimentarias, se
acogen técnicas medianamente modernas para mejorar la siembra, la pesca o el cuidado de
animales de corral, pequeños hatos ganaderos, como fuerza productiva para su sostenimiento;
aunque en algunos casos, hay sobre explotación de la tierra y de los recursos por malas prácticas,
poniendo en riesgo los ecosistemas naturales del entorno donde habitan. Estas acciones
productivas en menor proporción, no tienen fuerza competitiva y no hacen parte del modelo de
desarrollo económico dominante.
Hablar de modelos de desarrollo en las comunidades es otro sentido, el Estado desconoce las
realidades territoriales, los modos de vida tradicional; administrar el territorio se ha convertido
en la planificación del gasto público, alejado de los intereses que surgen desde las comunidades
hacia el entorno.
A pesar de los postulados de la constitución política de 1991, Colombia es un Estado que camina
por senderos desconocidos para las comunidades que habitan el territorio, donde el Estado ejerce
su jurisdicción, amparado en el mamotreto de normas con las que regulan el régimen de la
democracia, mientras que los pueblos se regulan por su tradición.
Las comunidades observan al Estado como un inquisidor, que no escucha, que arrasa con la
autonomía y autodeterminación de los pueblos, vulnera sus derechos, impone el derecho (la
norma) como única fuente de defensa, reguladora de protocolos, procedimientos y decisiones que
generan fricciones, en algunos casos actuales irreconciliables y lesivos entre los representantes
del Estado y la comunidad.
Necesidad de Memoria como práctica de supervivencia
Cuando las identidades socio culturales transitan por las realidades y estas son narradas como
hechos o experiencias, dan vida a infinidad de interpretaciones, producto de la rearticulación de
dimensiones y sucesos; siempre incurriendo en la búsqueda del código que la ordena, al criterio
de verdad; también se pone en movimiento el pensar de los pueblos y sus posturas epistémicas o
teóricas, basadas en su cosmovisión, tradición y saberes.
El lenguaje entre comunidades y Estado ha estado limitado, siendo indispensable estructurar
nuevas formas de estudiar la población, verla como sujetos relacionales en constante cambio, en
constante movimiento. Con la constitución del Estado, los pueblos emergieron tal vez con la
inconformidad en la escucha y en la atención de sus necesidades; varios lenguajes en un solo
espacio han limitado sostener posturas en filosofías de vida siendo importante que el Estado
genere valor público en el círculo de la comunicación asertiva.
De allí que, uno de los elementos constitutivos del sujeto relacional es restaurar la memoria
histórica; en consecuencia, el sujeto bajo su connotación agónica, en su búsqueda de trascender
la muerte, genera y construye memoria, como múltiple posibilidad de supervivencia intemporal.
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Para Quintar, (2015), la memoria “se configura en la trama de sentidos y significados que los
sujetos concretos le otorgamos a las experiencias que vivimos desde el presente que transitamos”
(p.3); dicho de paso, las narraciones como sustratos de la memoria, se sostienen por la presencia
de estos elementos: i) Tiempo resignificado; ii) Espacio vivido; iii) “El otro en relación
intersubjetiva-presente o ausente en sus narraciones” (p. 3).
Desde las anteriores reflexiones, la narración del sujeto, abre el campo en la construcción de
imaginarios que sostienen su historia, es la acción de su dimensión política la que consolida los
modos de comprender las realidades desde su identidad socio cultural. Es un mecanismo de
construir y reconstruir, el pasado, presente y futuro posibles (Quintar, 2015); como también se
reconoce que, al narrar la vida personal-colectiva, se convierte en sujetos biográficos,
representacionales y de época (Guarín, 2018).
Por consiguiente, la historia también se gesta desde la memoria como “construcción intencionada
de la organización de esa trama histórica” (Quintar, 2015, p. 3); a su vez, esa historia condiciona
su permanencia en el tiempo en forma de memoria, como “un pensar los desafíos de la vida
juntos” (Guarín, 2015, p. 73), como un legado de rebeldía que insta a comprender y trascender al
fracaso, a la soledad, a la historia que el sujeto se ha condenado.
De otra parte, consultar el pasado invoca la condición de búsqueda de criterios de la verdad,
como eje central de relación con el conocimiento. Por tanto, la organización de lectura de
realidad se sostiene en categorías organizadoras desde la multiplicidad simbólica y de
significados; en sentido de verdad, abordar “la historia como estudio del pasado para saber cómo
el mundo humano ha llegado a ser el que es, como nuestra memoria es la que es. En la historia se
encuentran las condiciones de emergencia de lo que somos y las reconstruimos” (Quintar, 2015,
p. 108).
Congraciado con este pensamiento, se establece que, desde la acción política, la memoria ha sido
utilizada como herramienta en la construcción de políticas públicas como práctica que transita
entre el desconocimiento - reconocimiento de la producción subjetiva de ámbitos de sentido,
diferenciando maneras de hacer memorias compartidas en un espacio tiempo.
Para Quintar (2015), existen categorías para abordar la memoria con criterios de diferenciación
en distintos niveles. Los códigos ordenadores transitan desde la condición de análisis de objeto
deshistorizado, inerte, sin contexto explicativo; como congelado en el pasado, como condición
sentipensada desde la externalidad, desde lo estetizante; imprimiendo al pasado la posibilidad de
interpretación. Esta puede observarse, desde la culpa, en la mirada social y política, en muestras
que representan horror; o, desde el discurso de afirmaciones de adjetivación entre víctimas y
victimaria clasificándolos y sancionándolos entre bueno-malo, entre otras formas.
Por lo tanto, la memoria también puede observarse desde el presente, consultando el pasado en el
“devenir de la realidad concreta”, reconociendo “el accionar de los sujetos históricos y las
sociedades” (Quintar, 2015, p. 381). Aunque persiste la condición de experiencias traumáticas
sociales, especialmente en la interpretación del relacionamiento con el Estado, aumentando el
sentido de incertidumbre e impotencia en su actuar, en consecuencia, modificando la “estructura
subjetiva, intersubjetivas y por ende socio cultural” (p. 381).
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Por ello, desde la memoria se concibe de dos maneras y es base de la tradición del pensamiento
crítico hermenéutico: i) Memoria histórica como lectura crítica del presente bajo categorías del
pensamiento que abarca la totalidad y la dialéctica; donde el pasado se reviste de la comprensión
de sentidos y significados de los fenómenos sociales historizados por hechos y acontecimientos,
dando la posibilidad de “pensar -con imaginación radical” sobre múltiples opciones de futuro
trascendiendo “la repetición de lo dado” (Quintar, 2015, p. 386). Es una postura reconocida en
latino américa como metodología (Zemelman, 2011).
Y, también convive la memoria traumática como la narración emocional de hechos y
acontecimientos sin trascender por la experiencia vivida; este campo emocional mantiene el
dolor y horror vivo en los sujetos que no se asimila para simbolizarlo, no se logra “una dinámica
de subjetivar y objetivar en conocimiento y comprensión”, se refleja en la barbarie surgida a
partir de la conquista de pueblos originarios de américa. (Quintar, 2015, p. 382).
En sentido de la investigación abordada, se asimila el pensamiento crítico de totalidad y la
dialéctica, configurando la necesidad de definir el significado de comunidades negras, como:
(…) un grupo étnico con una cultura propia y diferenciable en el marco de la sociedad
colombiana. Esta cultura propia es considerada como el resultado, sobre todo, de la
existencia de unas formas de organización y prácticas tradicionales de producción de unas
comunidades en unos territorios específicos que evidenciarían una particular lógica cultural
garante de la conservación ambiental” (Restrepo, 2013, p. 13).
Para el Estado, la memoria de las comunidades negras, es un insumo para probar un nexo causal
de decisiones jurídicas de reconocimiento emanados de la constitución política de Colombia de
1991, y especialmente en el marco de la Ley 70 de 1993. Entonces, no es abordada como
construcción socio-cultural en sentido de verdad y resultado positivista, más bien como forma,
como necesidad que legitima su existencia como grupo poblacional vulnerable con protección
especial de derechos sujetados al reconocimiento en su diversidad cultural, más no, como actor
político autónomo, pues siempre estará amarrado a protocolos normativos y autorizaciones para
habitar el territorio y reconocer-se.
En esta complejidad, el interés de reconocimiento mantiene en conflicto las comunidades negras
y los intereses del Estado sobre el territorio, esto no ha cambiado en el tiempo; como tampoco,
los significados de Territorio, memoria y cultura como componentes de la etnización de
comunidades negras.
El territorio es vida, es común-unión con otros; la memoria como una narrativa historiográfica
moderna, es la rearticulación de subjetividades e identificaciones, con predominio de las
transformaciones a partir de cultura y tradición, la comunidad negra es el Otro, “lo propio”, es la
alteridad en movimiento constante en torno a la solidaridad y el intercambio, con especial
atención a los troncos familiares y su tejido social (Restrepo, 2013, p. 36). Y la cultura, es voz
cantada desde la ancestralidad que condiciona los modos de vida del poblador en su presente y
en su futuro, solo éste tiene el poder y la capacidad de magnificarla o transformarla.
Igualmente, el sentido y naturaleza de los saberes ancestrales y femeninos, se configura desde el
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análisis de la vida cotidiana como experiencia social en la construcción de una realidad presente
y aportante a la memoria histórica que procura conversar con otros actores con los que se
relaciona en el viaje de estar juntos, de compartir condiciones geopolíticas particulares y
similares, pero aún no analizadas ni interpretadas en la ecología de saberes. En el análisis de la
vida cotidiana enunciada cabe servirse de la construcción de categorías relevantes en el
pensamiento crítico latinoamericano que, en este caso se abordan desde la mirada de la necesidad
de conciencia.
El derecho natural, la apología del buen vivir, “soy porque somos”, “somos
porque soy”
El mundo es una red antigua, compleja, global, con sus reglas de vida, protocolos éticos y
morales para con-vivir con otros que se reconocen como semejantes, orientados por múltiples
filosofías, paradigmas, formas de vida, son conceptos que inciden en la toma de decisiones, en
las narrativas propias y ajenas en el proyecto de nuestras vidas.
En los últimos años, se han expuesto múltiples visiones del mundo, posibilidades de filosofías de
vida, unas encaminadas al desarrollo desde las políticas occidentalizadas, entre seres
humanizados, contrapuestos respecto a otros seres igualmente naturales que no son reconocidos
por no poseer “conciencia racional”; y muchas más, milenarias, ancestrales.
Los modos de vida colectivo, muchos en Colombia, sin pronunciamientos hacia corrientes de
vida global, las comunidades en general han practicado principios de vida, encontrando grandes
similitudes hacia filosofías de vida del Buen vivir, hacia Ubuntu, hacia el sentido de vida
universal con otros, en otros seres naturales, como reflejos propios que impulsan a tratarlos como
les gustaría ser tratados.
La filosofía Ubuntu, tuvo origen en el Sur de África, considerado en palabras de Volmink
(2019), como una meta-narrativa, una filosofía moral, ser a través de otros, el colectivo es uno,
“Humanidad para otros”, “Soy porque Tú eres”, “solo puedo ser una persona a través de otras
personas” (p. 46), su significado es profundo y gira a partir de “lo humano” como una cualidad,
un deber con otros, del sentir del colectivo. Cada individuo según Volmink (2019), se encuentra
“naturalmente en sintonía entre sí” (p. 47), “Ubuntu en la práctica debe traer armonía,
congruencia, sincronización, coherencia, coordinación, comprensión, aceptación, acuerdo y
concordancia” (p. 47). Es el reconocimiento del reflejo propio en el otro.
Siendo así, el derecho natural al reconocimiento es inherente al espíritu del buen vivir, es
práctica de vida en Ubuntu, es sustento del Ser, es el camino para transformar, algo que no lo
inventó el hombre, es intrínseco a él, surge de adentro hacia afuera, buscando sincronizarse con
otros que comparten una visión universal que nos guía a ser humanos que internamente sienten,
observan y actúan en sentido de vida, con una identidad compartida.
Esta identidad encarnada en el espíritu, en el ser, conlleva a las prácticas, a la acción colectiva,
desde el amor, desde el respeto del ser humano, en sentido de común- unidad; es una semilla que
está adentro, en cada niño, en cada niña, una semilla que debe regarse, alimentarse desde su
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concepción, para comprender, para aceptar que no hay límites para Ser humanos, Todos, se
encuentran en el mismo nivel, anclados a la orilla del gran río de la vida.
Para el Ser, colmado de realidades, de intencionalidad, de visiones de otros que lo perturban, que
lo agobian, que lo incitan, afrontar sus infinitas posibilidades de vida, es un reto, para poder vivir
en medio de la opulencia y que el sujeto se sienta vacío, solo, aislado, infeliz. Se puede vivir en
la pobreza, compartir con otros, penurias, alegrías, compañía; se puede vivir en la opulencia,
compartir con otros, sembrar oportunidades, apostarle a un mundo en paz, cada Ser, decide su
vida y como incide en la de otras. Ubuntu invita a vivir acompañados, sintiendo con otros, siendo
en otros.
La lucha del sujeto es de doble sentido, hacia dentro y hacia afuera; hacia dentro no requiere
mayor comprensión, que la interpretación propia de sus deseos, emociones o motivaciones, no
hay discusión; la cuestión es expresarlas; encontrar el lenguaje, la proporcionalidad de lo
emocional, la medida de objetividad y rigurosidad, para lenguajear desde las semejanzas con el
otro, o desde su alteridad, ya que no siempre la comunicación se traduce en aceptación, otras
veces puede generar disrupción y continuar en la construcción de las realidades propias y de
otros.
Sin embargo, la problemática entre la expresión y su interpretación, descansa en la aceptación, o
en el rechazo; algunos factores son necesarios para entablar la conversación desde la similitud,
construyendo posibilidades de un mensaje apropiado. De allí que, reconocer - se requiere
comprender-se y comprender a otros, la aceptación de la alteridad, la identificación de tensiones
en el entorno, el tiempo en el que se desenvuelve, y la acción política tienen su origen en
decisiones individuales; aun así, todos los sujetos se encuentran imbricados en el pensamiento
colectivo.
En la recolección de vivencias hay que ser conscientes del objetivo de develar realidades inéditas
y posibles, decantar de ellas su subjetividad concentrada en sus saberes ancestrales, en sus
creencias, en su memoria e historicidad. Esta es una acción primordial para abordar el lenguaje
en la comprensión de la vida cotidiana, de la relación de esta con los medios de comunicación;
develar causas y efectos en las relaciones intersubjetivas que trascienden en el día a día.
En cuanto a la episteme fundante son los saberes, los conocimientos del colectivo, mientras que
la filosofía occidental se propone sobre la validez del saber experto, a partir de la ciencia. Para el
caso, el sentipensamiento es una forma de saberes ampliamente difundido y reconocido de
manera empírica en las comunidades. Incluso, desde la institución, se reconoce que desde la
experiencia y las emociones se construye conocimiento (Proceso de Comunidades Negras,
2014).
En síntesis, el eje motor del proceso se concentra en la cultura propia como tesoro cualitativo, no
estático, objeto de salvaguarda, transformadora de manera solitaria y en contacto con otras
culturas, con vida en múltiples identidades, con formas y prácticas diferentes capaces de convivir
en un mismo espacio. Incluso su fuerza logra mantener resistencia al riesgo desaparecer, se
conserva generacionalmente, haciendo que a pesar de que el colectivo social habite territorios
lejanos a su lugar de origen, se mantengan intactas sus expresiones culturales, consolidando
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diásporas entre la pertenencia y parentesco como criterios de identificación que los articula.
Algunos resultados investigativos sobre la baja capacidad institucional
departamental
Dentro de las causas de baja capacidad institucional, se encuentran: La ausencia en la estructura
de los proyectos productivos de un trabajo mancomunado entre Instituciones y las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; no hay reconocimiento de los saberes
ancestrales ni de la cosmovisión de los pueblos afro en el Cesar; producto del no reconocimiento,
en sus territorios ancestrales se les impone la visión de desarrollo territorial que construye el
Estado; los resultados de la ejecución de los proyectos productivos no reflejaron resultados en la
superación de las brechas sociales, económicas, ambientales de los grupos poblacionales objeto
del proyecto.
Bajo este contexto, el desarrollo económico y social de grupos étnicos parte del reconocer el
papel central que tienen sus conocimientos y costumbres para el mejoramiento de su calidad de
vida, en torno a la construcción social - cultural y ambiental. Hay que considerar que, la pérdida
gradual de conocimientos y saberes ancestrales repercute en una disminución de prácticas
tradicionales relacionadas con la producción de saberes propios. La falta de fomento, de espacios
de intercambio de saberes entre las comunidades negras del departamento del Cesar, ha llevado a
que no exista una apropiación comunitaria de conocimientos ancestrales y tradicionales que les
permita ser integrados al desarrollo de proyectos productivos sostenibles del orden nacional.
Lo anterior, además de tener un efecto negativo en la memoria histórica de estas comunidades,
propicia la pérdida de prácticas que pueden contra restar la degradación del medio ambiente
ocurrida por el fomento de iniciativas productivas poco amigables y poco eficientes en el uso de
recursos naturales; que a su vez, genera una baja oferta ambiental del territorio trayendo como
consecuencia una disminución de la competitividad productiva de las comunidades.
También hay que considerar los dos grandes aspectos que definen soluciones a la problemática
central de baja inclusión productiva en las comunidades negras y afrodescendientes del
Departamento del Cesar. La identificación de las alternativas de solución, así como la
implementación de la alternativa seleccionada, permitirá mejorar las capacidades de las
comunidades negras y afrodescendientes para disminuir su vulnerabilidad ante la escasez de
posibilidades de generación de ingresos adicionales que les permita mejorar sus condiciones de
vida salvaguardando su identidad y conocimiento tradicionales frente a su relación con el
entorno y su economía.
Unas de las situaciones particulares que ha afectado la capacidad institucional para conservar el
conocimiento ancestral y tradicional de las comunidades negras y afrodescendientes del Cesar,
para la implementación de proyectos productivos es el desconocimiento de:
i) Los derechos reconocidos por el Estado a estas comunidades, entre ellos que son sujetos
especiales de derechos, con autodeterminación y autonomía;
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ii) Sus figuras organizativas, lugares de asentamiento y de acción y alcances de sus objetivos
en el territorio;
iii) La responsabilidad de asignar recursos específicos para el desarrollo de proyectos
productivos donde se configure la apropiación del conocimiento atendiendo la hibridación
cultural y la mezcla entre lo empírico ancestral y lo técnico científico;
iv) La importancia de generar espacios autónomos, donde las autoridades étnicas de las
comunidades negras y afrodescendientes puedan intercambiar sus saberes, asociarse y
participar en la formulación de proyectos que los impacte; así como esa articulación y
formación necesaria para que puedan de manera autónoma gestionar recursos ante otras
instancias de orden nacional e internacional; y,
v) Baja asignación de profesionales para el acompañamiento, orientación y asistencia
técnica de proyectos productivos con enfoque diferencial étnico.
Así las cosas, la Constitución política de Colombia de 1991, declaró que la República de
Colombia es un Estado social de derechos; todos los ciudadanos son iguales en derechos; sin
embargo, reconoce que existen poblaciones vulnerables que requieren el apoyo del Estado para
que estas comunidades logren acceder en igualdad de condiciones a los derechos y servicios que
el Estado proporciona a todos. Igualmente, reconoció la pluriculturalidad y diversidad.
La reglamentación del artículo 55 dio lugar a la expedición de la ley 70 de 1993, en cuando al
restablecimiento de derechos de familias de comunidades negras, siendo de gran importancia la
diferenciación y definición de la figura de consejo comunitario, como aquel que además de ser
organización de base, es coadministrador del territorio donde se encuentren asentadas las
familias que de manera voluntaria necesitaron asociarse para la defensa del derecho a la tierra y
el estudio de la relación campo poblado, característica fundamental para la existencia y
reconocimiento de los consejos comunitarios.
A medida que se desarrolló el estudio de las problemáticas que atraviesan las comunidades
negras y afrodescendientes en el campo, el Estado colombiano reconoció que existen otras
organizaciones y las discriminó como organizaciones de base, constituidas por al menos 15
asociados que se auto reconocen como miembros de la población afrocolombiana y deciden
asociarse para el desarrollo de objetivos de reivindicación de derechos sociales, económicos,
ambientales y culturales, diferenciándolas de los consejos comunitarios, en que estas ejercen un
objetivo social en los cascos urbanos, como herramienta para congregarlos en torno al trabajo
colectivo propio del esfuerzo mancomunado para lograr la superación de las dificultades que se
presentan por su desplazamiento hacia la ciudad.
Por último, el pronunciamiento de la Corte constitucional a partir de la Sentencia T-576 de
2014, deja claro que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país
pueden asociarse indistintamente del nombre de la figura organizativa, siendo el común auto
reconocerse como miembros de la población afrodescendiente y poseer algunas particularidades,
como el no acceso a la tierra donde se encuentran asentados, su desplazamiento del lugar de
origen entre otros motivos; por ser víctimas del conflicto interno armado, se le dio vida y
nombre en el marco del decreto 1640 de 2020 a las formas o expresiones organizativas.
Estas tres figuras, se encuentran reglamentadas ante el Ministerio del Interior, Dirección para
asuntos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, viéndose obligados a
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consolidar una serie de requisitos para obtener el registro público único y de esta manera acceder
a las convocatorias de distintos sectores desde el orden nacional, departamental y municipal.
Aunque la norma define cada figura organizativa en un marco normativo amplio y de fácil
acceso al público, se notan las deficiencias en el estudio de la misma por parte de las entidades
territoriales, existiendo una vulneración sistemática de derechos, al considerar que su trato es
igual al de otras poblaciones vulnerables del país, negando una atención preferencial y humana
hacia la resolución de sus problemas sociales colectivas e individuales.
Bajo esta apreciación, aunque el departamento del Cesar ha avanzado en la visibilización del
grupo étnico de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; es necesario que
la diversidad étnica sea estudiada desde los aportes intelectuales que se reflejan en sus técnicas,
herramientas y modos de producción propios, que en la mayoría de casos van concatenados a una
filosofía de vida cercana al cuidado ambiental y de otros seres presentes en el entorno donde
ancestralmente se arraigaron.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es necesario anunciar las figuras organizativas
existentes en el departamento del Cesar, como referente que puede servir a otros proyectos
productivos que se formulen para beneficio de estas comunidades, tales como los consejos
comunitarios (ver tabla 1), las organizaciones de base (ver tabla 2), y otras formas o expresiones
organizativas (ver tabla 3), todos registrados ante la Dirección para asuntos de comunidades
negras del Ministerio del Interior, hasta el año 2022:
Tabla 1. Consejos Comunitarios registrados ante la Dirección para asuntos de comunidades negras del Ministerio
del Interior
Consejo Comunitario
Municipio
Localidad
El Viejo Celeste
Chiriguana
Los Cerrajones
CONESICE
Chiriguana
El Cruce De La Sierra
Modesta Guzmán “CONMOGUZ”
Chiriguana
Rincón Hondo
Ernesto Guillen Benjumea
Curumaní
Champan
Alejo Duran – COCOMAD
El Paso
Julio Cesar Altamar Muñoz
El Paso
Martin Pescador
Gamarra
Corregimiento Puerto Viejo
COACNEJA
La Jagua De Ibirico
COAFROPAL
La Jagua De Ibirico
La Palmita
COAFROVIS
La Jagua De Ibirico
La Victoria De San Isidro
Juana Oyaga De Miranda
Pelaya
Costilla
Arcilla, Cardón Y Tuna
Valledupar
Guacochito
Carlota Redondo De Alvarez
Valledupar
El Perro
José Prudencio Padilla
Valledupar
Badillo
Los Cardonales
Valledupar
Guacoche
Manuel Salvador Suarez
Valledupar
Marcelino Ochoa Alvarez
Valledupar
Guaymaral
Fuente: Construcción propia (2022), con información de las bases de datos del Ministerio del Interior
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Tabla 2. Organizaciones de base registrados ante la Dirección para asuntos de comunidades negras
Organización
Municipio
Localidad
ASOACEITUNOS
Aguachica
Kunta Kinte Vive
Agustín Codazzi
Raíces Afro
Agustín Codazzi
FUNSAFOC
Chimichagua
Sempegua
La Matuna
Chiriguana
Asociación De Chinela
Curumani
La Chinela
ASONESA
Curumani
Sabana Grande
COAFRONER
Curumani
AFROMARQUIN
Gamarra
AFROUGLORIA
La Gloria
ACNEJA
La Jagua De Ibirico
ADECOSPAC
La Jagua De Ibirico
AFROPAL
La Jagua De Ibirico
La Palmita
FORJAGUA
La Jagua De Ibirico
FUNDECOSPAC
La Jagua De Ibirico
ASOSAHALLA
Pelaya
San Bernardo
DAKARAI
Pelaya
San Bernardo
AFROSANALBERTO
San Alberto
COAFROSAN
San Diego
AFRORECOMIRA
Aguachica
ASAFRORAPA
Sin Municipio
CARBONAL
Sin Municipio
Comunidades Costa Y Pacifico
Sin Municipio
FUNSONRISA
Sin Municipio
Kike Avila
Tamalameque
Mujeres Cerrajoneras
Chiriguana
Pelo Nuevo
Codazzi
Zimbawe
Pailitas
Afro Gente Activa
Valledupar
AFROVIC
Valledupar
ASOPASITO
Valledupar
Changaina
Valledupar
Colombia Negra
Valledupar
FUNDECOMUNEG
Valledupar
Ku-Suto
Valledupar
La Negra Matea
Valledupar
Los Afro De Mariangola
Valledupar
Mariangola
Matuderé
Valledupar
Aguas Blancas
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NEGRICOL
Valledupar
ORCONEC
Valledupar
Fuente: construcción propia, con información de las bases de datos del Ministerio del Interior
Tabla 3. Formas o expresiones organizativas registrados ante la Dirección para asuntos de comunidades negras
Forma O Expresión Organizativa
Localidad
Comunidad De Agustín Codazzi
Comunidad Arambé
Comunidad Masai
Comunidad Estelita Pernett
Comunidad Mamuncia
Comunidad Mulatos Del Sur
Comunidad De Aguas Blancas
Aguas Blancas
Fuente: construcción propia, con información de las bases de datos del Ministerio del Interior
En total, en el departamento del Cesar, existen 64 figuras organizativas; hay que resaltar que los
consejos comunitarios en su mayoría se encuentran en rezago sobre la titulación colectiva del
territorio donde se desenvuelven generacionalmente; así mismo, las funciones de su junta
directiva y representante legal se ejercen únicamente sobre la jurisdicción del territorio ancestral.
De los consejos comunitarios anteriormente citados, poseen titulación colectiva alrededor de 5.
Respecto a recursos asignados desde la gobernación del Cesar o desde los municipios para el
desarrollo productivo, han sido escasos; generalmente los proyectos formulados giran en torno al
componente cultural; y, desde el ajuste de la asignación directa a cargo del sistema general de
regalías, no se han formulado proyectos productivos sostenibles en este departamento.
También es importante destacar que es visible la falta de fomento de intercambio de saberes para
su implementación en proyectos productivos sostenibles, causa indirecta que repercute en la
pérdida de saberes ancestrales, en razón a que generalmente se implementan los proyectos
productivos teniendo en cuenta únicamente la opinión y recomendaciones de personal
profesional y técnico de las entidades públicas, sin consideración de la importancia empírica
ancestral en el manejo de la tierra y de los cultivos que poseen los mayores y mayoras afro.
En cuanto a espacios autónomos, durante la actual administración, no se han generado espacios
autónomos para este grupo, ni siquiera para la instancia de representación de comunidades
Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras ante la comisión consultiva departamental; lo
que refleja el desinterés del gobierno departamental frente a la unidad colectiva y comunicación
para la búsqueda de soluciones a las necesidades de los mismos. Estas situaciones han sido
limitantes para el encuentro de representantes de las comunidades, en torno a impulsar o
conformar esquemas asociativos de segundo nivel.
A partir de la constitución de 1991, el Estado ha promovido la asociatividad como mecanismo o
estrategia para promover el trabajo colectivo que aporta a la generación de ingresos; en ese orden
de ideas, las comunidades NARP en el marco de la autonomía y autodeterminación, desarrollan
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sus actividades de manera colectiva y se agrupan mayoritariamente en consejos comunitarios y
organizaciones de base; las cuales, en el marco procedimental, para obtener visibilización y
reconocimiento por parte del Estado, procuran llevar a cabo el procedimiento de inscripción en el
registro público único nacional, en el marco de la ley 70 de 1993, el decreto 1745 de 1995 y el
decreto 1640 de 2020.
Esta primera acción de reconocimiento de la comunidad, las consolida como organizaciones de
asociación de primer nivel; el decreto 1640 establece que: “son Organizaciones de Segundo
Nivel, definidas como aquellas “asociaciones de Consejos Comunitarios, formas y expresiones
organizativas y/o organizaciones de base que agrupan a más de dos (2), inscritas en el Registro
Único de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el área de influencia de la organización
de segundo nivel corresponda a más de la tercera parte de los departamentos donde existan
comisiones consultivas."
En ese orden de ideas, en el departamento del Cesar, existen deficiencias respecto a la
constitución de consejos comunitarios, ya que hasta hace un par de años, estos funcionaban
únicamente con la constancia de inscripción de su acta de constitución ante las alcaldías en el
marco de la malinterpretación y vacíos jurídicos de la ley 70 de 1993 y el decreto 1745 de 1995.
Con la expedición del decreto 1640 de 2020, y el avance en el seguimiento al cumplimiento de
requisitos por parte de la Dirección para Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, esta figura organizativa se ha visto en la necesidad de acatar el
cumplimiento de requisitos y de cambiar su naturaleza a organizaciones de base o formas o
expresiones organizativas, cuando no obtuvieren la resolución de trámite o adjudicación de
títulos colectivos.
A su vez, pese a que en el año 2014 se eligieron 3 representantes ante el espacio nacional de
consulta previa, y, en el año 2019 se conformó la representación de la comisión consultiva
departamental del Cesar integrado por 30 representantes, se escogieron 2 representantes en el
espacio de alto nivel consultivo y se nombró 1 comisionado pedagógico, a la fecha no se ha
logrado consolidar asociaciones de segundo nivel que consoliden la fuerza participativa y laboral
de estas comunidades en torno al mismo horizonte.
Algunas de las consecuencias de la ausencia de capacidad en procesos de participación, en
procesos para el impulso y conformación de esquemas asociativos de segundo nivel son: a.
desconocimiento de derechos, deberes, responsabilidades, ventajas y desventajas de la
asociatividad. b. baja capacidad instalada debido a que las comunidades NARP, no poseen
recursos suficientes para aportar en proyectos de fortalecimiento o productividad colectiva. c.
baja confianza en la conformación de procesos colectivos asociativos por desconocimiento del
marco jurídico.
Obedeciendo a las argumentaciones expuestas, se llevó a cabo la observación del funcionamiento
del proceso de comunidades negras en otros departamentos de Colombia. En el caso del
departamento de Antioquia, Cardona (2017) refiere que para el año 2015 la Dirección para
asuntos de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Ministerio del
Interior, reportó dieciséis consejos comunitarios inscritos en su dependencia; de los cuáles,
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catorce contaban con títulos colectivos emitidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder), con impacto en once municipios y 6 subregiones de Antioquia con la asignación a este
grupo étnico de 240 mil hectáreas, identificadas entre la cuenca del río Atrato, el golfo de Urabá
y la cuenca del río Porce- Nechí en el bajo Cauca (Domínguez M, citado por Cardona, 2017).
Por otro lado, en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, para la misma
anualidad, se reportó respectivamente, la existencia de 151, 45, 63 y 89 consejos comunitarios
inscritos ante el Ministerio del Interior; mientras que, en otros departamentos se evidenciaron 17,
14, 7 y 4 consejos comunitarios en los departamentos de Bolívar, Putumayo, Córdoba y
Santander. Esto demuestra que el departamento del Cesar posee una débil representación desde
la perspectiva de posesión y legitimación del activo propio, como se trata de las titulaciones
colectivas de su territorio. (Cardona, 2017).
Desde la mirada de desarrollo local y proceso de comunidades negras, infinidad de proyectos se
han planteado para promover el desarrollo local, a partir del enfoque de comunidades y sus
potencialidades territoriales; en los últimos años se abordó la economía naranja como una
estrategia posible para impulsar la oferta en producción cultural, artística y turística pero debe
conllevar al valor agregado de su sostenibilidad en el tiempo. En el caso del proceso de
comunidades negras llevado a cabo por 12 líderes en la vereda la Puerta en el corregimiento de
San Nicolás de Quebrada Seca, municipio de Sopetrán, Antioquia, consideran que uno de los
determinantes en la consolidación de este tipo de proyectos, es el arraigo territorial, su proyecto
de etnodesarrollo comunitario, posicionando la memoria, como legado ancestral afro en conjunto
con tener una amplia experiencia en procesos de intervención y planificación del territorio, pues
su mirada se funda en la cosmovisión afro, que repercute en conocimiento de las particularidades
para el aprovechamiento productivo del territorio. (Betancur-Rodríguez et al., 2022).
Desde el proceso de comunidades negras (PCN), América latina ha trasegado por el camino de
los movimientos étnico – territoriales especialmente desde la mirada de las comunidades
indígenas y negras, con acciones políticas en defensa de los territorios ocupados ancestralmente
y sus modos de vida y producción mayormente con amplias diferencias respecto a los
condicionantes del mundo occidental. Esto implica una simbiosis entre territorio y comunidad,
siendo el primero, “el espacio vital de vida, porque en este desarrollan sus prácticas, y su forma
de pensar, actuar y vivir como seres culturales que los singulariza de la cultura hegemónica de
poder” (Leff, 2004, citado por Areiza, 2022, p. 7).
Brindar a las comunidades negras su status de señor en los territorios de arraigo, más allá de
considerarse una acción de sesión de dominios del Estado, debe observarse como la
multiposibilidad de reconocer la existencia de otras formas de desarrollar políticas de diversidad.
Para Leff (2004), se trata de una “política del ser, del devenir y de la transformación, que
valoriza el derecho de cada individuo, de cada pueblo y cada comunidad, a forjar su propia vida
y construir su futuro” (p. 127).
Se trata de alzar la mirada más allá del discurso de la reivindicación de derechos culturales, es
reconocer una forma de administrar la vida del territorio y de los seres naturales que habitan en
él, a partir del reconocimiento de la importancia de sus usos, costumbres, tradiciones y saberes.
Para Leff (2004) es la reconstrucción de identidades, de su visión utópica en una política cultural
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hacia “la afirmación de la diversidad creativa de la vida desde su heterogénesis ecológica –
cultural (p. 127).
Así pues, la figura organizativa de consejos comunitarios, como las formas o expresiones
organizativas, son relevantes en la preservación de saberes, usos y costumbres ligados al
territorio, en la búsqueda de equilibrios en la carga de habitar el territorio y desarrollar sus
modos de producción. Implica entonces abrir el abanico para la construcción de un sistema de
prácticas, costumbres, usos y tradiciones de vida para “la existencia y re existencia como pueblos
negros, dentro de su propio universo y su propia cosmovisión” (Rentería & Vélez,. 2021, p. 6).
Este conocimiento marcado por las particularidades de las comunidades afro en sus dimensiones
históricas, ambientales y socioculturales, marcan su relación con la naturaleza, la sociedad y el
ser (Rentería & Vélez, 2021), como orientación étnica que configura su sentipensamiento y
esencia de vida, consideraciones únicas que deben hacer parte del diagnóstico de
problematización y justificación base de los proyectos para el desarrollo planteados por las
figuras organizativas y administrativas del Estado.
Y, desde el contexto político, es importante destacar que en Colombia, surgieron estos
movimientos sociales en la defensa de su territorio, en razón a las problemáticas consecuencia de
la necesidad del Estado de transformar el territorio bajo la proyección de desarrollo económico
extractivista incluido en sus políticas de Estado. Mientras que las comunidades étnicas desde el
Proceso de Comunidades Negras han logrado visibilizar esta complejidad y disrupción del
discurso de derechos, cuando aún no se ha brindado espacios para la introducción de conceptos
como propiedad cultural colectiva en especial hacia la propiedad intelectual que descansa en los
saberes, usos y costumbres propios de su cosmovisión afro (Escobar, 1999).
La magnitud actual del problema: indicadores de referencia
El análisis de la capacidad institucional se ha estudiado a partir de la aplicación de metodologías
a nivel mundial; la baja capacidad se observa como un déficit relacionado con la estructura
organizacional, estratégica u operativa; como también en la ruptura comunicacional y de
relaciones entre Estado y comunidades, dificultando el logro de resultados enfocados hacia la
visión futurista del territorio.
Entonces se consolida la necesidad de medir, de cuantificar o cualificar las acciones
institucionales como también los resultados en la gestión de proyectos; siendo compleja la
percepción cuando involucra comunidades vulnerables sujetos de protección especial sin tener
presente sus particularidades. Las comunidades son sujetos vivos, sistema en movimiento,
realidades complejas que deben ser abordadas a partir de la generación de confianza, el diálogo y
la concertación. A su vez, los parámetros y criterios con los que se estructuran los proyectos, no
pueden estar contemplados a partir de la intervención de un sistema estático, sin vida, sistemas
parametrizados, positivistas, únicos.
Se advierte que, en América latina, la capacidad institucional, se ha medido con distintos
propósitos; se construyó y se aplicó la metodología SADCI (Sistema de Análisis de Capacidad
Institucional) propuesta por Tobelem (1991) con la finalidad de identificar grados de capacidad
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institucional, proponiendo a partir de los resultados de la evaluación, acciones y planes para el
mejoramiento (Rosas, 2019; Beltrán, 2015; Oszlak & Orellana, 2001). Aunque, es menester
referir que los resultados de esta investigación contemplaron la revisión de la estructura de los
proyectos y las consideraciones propuestas por las comunidades afro participantes en la
observación de los resultados y del contexto social, económico y ambiental actual.
En el caso que aquí se analiza, la institucionalidad departamental no lleva a cabo una evaluación
en el impacto de resultados de los proyectos ejecutados; y, desde la simple revisión de la
estructura del marco lógico de los proyectos ejecutados se observa que le es indiferente la
ejecución del mismo proyecto en cualquier comunidad; esto es, que no tiene en cuenta las
realidades de lo que en sí encubre de significados el enfoque diferencial. Esta inobservancia
conlleva a rendir cuentas sobre ejecuciones presupuestales por encima del cumplimiento en la
disminución de indicadores que limitan las posibilidades de desarrollo humano.
Desde la revisión exclusiva de la atención a comunidades afro, existe una muy limitada oferta de
instrumentos, orientación y apoyo en la formulación y ejecución de proyectos para aumentar la
inclusión productiva de comunidades negras y afrodescendientes en el departamento del Cesar
desde su cosmovisión que no es otra cosa que reconocer unas prácticas agrícolas de bajo impacto
ambiental base de su economía familiar y la necesidad de cobijarlas, conversarlas, mejorarlas
bajo la estrategia de la concertación con las comunidades.
Así las cosas, desde el año 2008 a la fecha se identificaron únicamente 4 proyectos financiados
con recursos públicos que estuvieron orientados hacia temas de generación de ingresos para
comunidades étnicas en el departamento. Por lo anterior, hay un déficit de iniciativas y proyectos
que permitan fomentar la inclusión productiva de comunidades afrocesarences.
A su vez, es importante destacar las particularidades respecto a los criterios que se tienen en
cuenta a la hora de beneficiar a pequeños productores agrícolas de manera general o productores
de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Cesar; tres factores se tienen
en cuenta para la productividad: el acceso a la tierra, la mano de obra y las maquinarias o capital.
La comunidad negra y afrodescendiente del Cesar, posee mano de obra, pero no posee
maquinaria, capital y tiene limitaciones en el acceso a la tierra. En la tabla 4 se hace la
descripción actual de la tenencia de la tierra.
Tabla 4. Estado actual de la solicitud de titulación colectiva ante la Agencia Nacional de Tierras de Consejos
Comunitarios en el departamento del Cesar
Consejo Comunitario
Municipio
Localidad
Tenencia De La Tierra
El Viejo Celeste
Chiriguana
Los Cerrajones
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva,
solicitud de compra de terrenos, En
Trámite.
CONESICE
Chiriguana
El Cruce De La
Sierra
Con Titulación Colectiva Sobre 60 Has De
Tierra Y Ruta De Protección De Derechos
Del Ministerio Del Interior.
Modesta Guzmán
“CONMOGUZ”
Chiriguana
Rincón Hondo
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva. En
trámite.
Ernesto Guillen Benjumea
Curumaní
Champan
Sin información.
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Alejo Duran -
COCOMAD
El Paso
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Julio Cesar Altamar Muñoz
El Paso
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Martín Pescador
Gamarra
Corregimiento
Puerto Viejo
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras En Rezago; Sin Radicado, en
rezago- Sin Titulación Colectiva
COACNEJA
La Jagua De
Ibirico
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva.
COAFROPAL
La Jagua De
Ibirico
La Palmita
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
COAFROVIS
La Jagua De
Ibirico
La Victoria De
San Isidro
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Juana Oyaga De Miranda
Pelaya
Costilla
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva.
Arcilla Cardón Y Tuna
Valledupar
Guacochito
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Carlota Redondo De
Alvarez
Valledupar
El Perro
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
José Prudencio Padilla
Valledupar
Badillo
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Los Cardonales
Valledupar
Guacoche
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Manuel Salvador Suarez
Valledupar
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva, En
Trámite.
Marcelino Ochoa Alvarez
Valledupar
Guaymaral
Con Solicitud Ante La Agencia Nacional
De Tierras, Sin Titulación Colectiva.
Fuente: propia
Sin embargo, ha de advertirse que a pesar que de manera colectiva únicamente el consejo
comunitario de comunidades negra de la Sierra el Cruce y la estación posee un proceso de
titulación colectiva en firme, amparado por la solicitud del Ministerio del Interior de activar la
ruta de protección de derechos a la tierra; de manera particular, los miembros de las comunidades
de los consejos organizaciones de base y formas o expresiones organizativas tratan de apoyar el
proceso productivo de las comunidades desde las tierras que poseen a título particular.
La revisión del estado actual de la tenencia de tierras por las comunidades negras del Cesar
demuestra la imposibilidad de desarrollo económico, al no poseer titulaciones colectivas que
aseguren el desarrollo de proyectos de soberanía alimentaria, de tal manera que su autoridad es
incipiente y se relega a la participación política en la toma de decisiones limitada sobre los
recursos que reciben de manera directa del sistema general de regalías.
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Respecto a indicadores de referencia para la evaluación de resultados de los proyectos ejecutados
en comunidades afro, en el 2013, se publicó el documento “Medir para saber sobre los afros en
Colombia”, en el programa presidencial para el desarrollo de la población afrocolombiana,
negra, palenquera y raizal, refiere que a partir del sistema estadístico se pretende medir los
niveles de desigualdad e inequidades sociales bajo 20 componentes y 10 áreas temáticas.
(Programa Presidencial para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana, Negra,
Palenquera y Raizal, 2013).
Además, comenta sobre los avances del gobierno colombiano en la incorporación de variable
étnica en el sistema de información en casos como el censo general de población y la encuesta de
calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), El registro
único de beneficiarios (RUB) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la
supervisión de la pobreza extrema en el sistema de información Unidos de la Agencia Nacional
para la pobreza extrema (ANSPE); como también en el certificado de nacido vivo, donde se
incluyó una pregunta respecto a la pertenencia étnica del neonato. (Programa Presidencial para el
Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal, 2013).
Esto implica, que Colombia, lleve a cabo una estandarización en los sistemas de información
para los intereses analíticos del gobierno en cumplimiento en este caso de parámetros de
evaluación. de los objetivos de desarrollo acordes a su proyección y visión política. Este contexto
de construcción de la variable étnica, se construye bajo la mirada del desarrollo y la filosofía de
vida occidental; sin embargo, la recopilación de la información no salvaguarda la memoria
ancestral, cosmovisión, usos, costumbres y tradiciones de los pueblos étnicos afro.
Bajo la misma dirección, en América latina, las Naciones Unidas recopilan información
estadística de la población afrodescendiente, construyendo bases de datos sobre temáticas como
movilización, censos poblacionales, vivienda, distribución territorial y la democratización de la
información. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2020).
Tal vez, el limitante en la construcción de indicadores de referencia, consiste en la ausencia de
grupos de trabajo donde se complemente lo técnico y lo experiencial, dándole relevancia no solo
a la necesidad de nutrir los sistemas de información del Estado, sino sobrellevar los
condicionantes que impiden avanzar en la construcción de una visión mancomunada de
desarrollo territorial, basado en la visibilización de las distintas miradas, el análisis de los puntos
de convergencia como de divergencia, recibiendo orientaciones en el uso de técnicas y
herramientas de ambos mundos, el mundo tradicional como el contemporáneo.
Reflexiones Finales
Bajo las discusiones realizadas y los resultados obtenidos, se concluye: 1) La necesidad que el
Estado genere como valor público espacios para el diálogo entre las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras y el Estado, para tener en cuenta su identidad cultural,
sus saberes ancestrales e historicidad. 2) Existen problemas relevantes actuales de las
comunidades étnicas participantes, que deterioran sus condiciones de vida y que se encuentran
presentes en distintas épocas; lo que puede obedecer a la implementación de programas y
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proyectos sin impacto residual hacia el mejoramiento de sus modos de vida. 3) Existen sueños
colectivos que pueden ser aterrizados en las políticas públicas respecto a un escenario futuro
deseable y posible a donde quieren llegar comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras excluidas desde su contexto étnico, por falta de reconocimiento de su identidad,
autoridad y cosmovisión. 4) Entre las comunidades (los pueblos) y el Estado, se debe concertar
las reglas de juego en la comunicación, obedeciendo a obtener hacia ambos lados una ganancia
permanente que permita no romper lazos de manera ruidosa y enrutar las acciones hacia la
formulación y ejecución de proyectos desde la mirada de la filosofía tradicional de las
comunidades negras, que en el caso del Departamento del Cesar, evidencian baja oportunidad de
acceso a los recursos del sistema general de regalías, como del presupuesto en el departamento
del Cesar. 5) El Estado debe legitimar el enfoque diferencial étnico, desde las políticas públicas
educativas en la construcción de tejido social. El reconocimiento de la identidad cultural, como
de la alteridad en la diversidad. Debe entonces restituirse la legitimidad del derecho propio y de
autogobierno de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como acción
para la consolidación de confianza y legitimación social.
Bajo los resultados de estudio, también se concluye que no es posible el levantamiento de datos
estadísticos que recopilen los saberes ancestrales en productividad, educación propia, medicina
ancestral, o modos de producción tradicional, a pesar de promoverse los derechos étnicos de las
comunidades. Como tampoco existen informes de seguimiento y evaluación que permitan un
marco de referencia entre el accionar público y la salvaguarda de las costumbres y tradiciones de
los pueblos étnicos afro del departamento del Cesar.
Agradecimientos
Extiendo un agradecimiento profundo a mi tutor y director de tesis el doctor Germán Guarín
Jurado, docente de la Universidad de Manizales, doctorado formación en Diversidad, por su
arduo acompañamiento, orientación y paciencia, en el proceso de construcción de mi proyecto de
tesis doctoral.
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